Declarar y apartarse
Prever declaraciones de vínculos e intereses relevantes y reglas de abstención en decisiones donde exista un conflicto.
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México Funciona y Evoluciona
La confianza también necesita reglas.
Principios públicos y mecanismos propuestos para proteger la pluralidad, la independencia y la continuidad de MFE.
Proyecto en fase preconstitutivaLos doce principios
- México por encima de intereses particulares.
- Legalidad y respeto institucional.
- Pluralidad de pensamiento.
- Evidencia antes que dogma.
- Servicio antes que protagonismo.
- Integridad y transparencia.
- Participación responsable.
- Profesionalización y mérito.
- Evaluación permanente.
- Mejora continua.
- Independencia institucional.
- Evolución generacional y memoria.
Decisiones con responsabilidad
El diseño de gobernanza debe definir quién puede proponer, revisar, autorizar, ejecutar y evaluar cada actividad. Las decisiones relevantes deberían conservar una justificación, sus fuentes y la identificación de sus responsables.
La pluralidad exige escuchar desacuerdos y evaluar argumentos por su sustento. Los mecanismos de voto, nombramiento, duración de cargos y rendición de cuentas deberán quedar definidos en los instrumentos aprobados.
Salvaguardas propuestas
Colaborar con límites
Evaluar aportaciones y alianzas por su compatibilidad con el propósito. Evitar compromisos que condicionen conclusiones o decisiones.
Conservar las razones
Registrar acuerdos, cambios de alcance y criterios de evaluación; publicar versiones pertinentes con protección de información.
Distribuir capacidades
Definir responsabilidades, sucesión y conservación documental para reducir la dependencia de personas específicas.
Revisión y rendición de cuentas
Antes de poner en operación proyectos se propone definir controles de uso de recursos, revisión de resultados y atención de observaciones. Las funciones de auditoría o supervisión deberán tener atribuciones y responsables expresamente aprobados.
Los mecanismos aquí descritos son propuestas de diseño. Esta página no sustituye estatutos, políticas aprobadas ni asesoría jurídica, y no afirma la existencia de órganos formalmente instalados.